INCONSTITUCIONAL ??

| nº 199 | junio 2021

“Esta pandemia es un cachondeo” podía ser el slogan más adecuado a la situación que estamos viviendo, si no fuera porque para muchos profesionales y, de rebote, para sus familias y sus seres allegados, la situación adquiere tintes dramáticos.

Y es que resulta que ahora, a finales de junio, un año y tres meses después de la instauración del primer Estado de Alarma con confinamiento incluido, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que resultó “inconstitucional”. Segun afirma el tribunal, “la suspensión de derechos fundamentales como el de libertad de movimiento no puede quedar amparada por un Estado de Alarma, sino por uno de Excepción” y también se afirma que “Esto podría hacer que el Ejecutivo deba devolver todas las denuncias y sanciones puestas a los ciudadanos, y aquellos detenidos puedan ser indemnizados por daños y prejuicios”.

Servidor no es que sea un hacha, ni mucho menos, en asuntos jurídicos. Pero se me ocurre que si el Ejecutivo tiene que devolver las sanciones cobradas a los ciudadanos, los hosteleros y otros sectores perjudicados por dicho estado inconstitucional tendrán también derecho a reclamar lo que les corresponda por las pérdidas que tuvieron (y que siguen teniendo, no lo olvidemos) debido a aquel estado de alarma en el que a los 10 días de confinarnos las empresas y los supermercados siguieron trabajando como si tal cosa mientras que el sector de las hostelería y la restauración fue condenado a quedarse en casa lamiéndose sus heridas.

Sería terriblemente injusto que si se demuestra que las medidas tomadas en aquel período no fueron las adecuadas, el Estado tenga que indemnizar a los taskeros y taskeras, restauradores y demás. Ya que si bien en un momento dado todo el mundo hubiera estado de acuerdo en cerrar TODOS una temporada, lo que no es de recibo es que la pandemia haya llevado a la ruina a sectores enteros mientras que otros han estado trabajando con normalidad.

Eso sí, en el caso en que la hostelería tenga derecho a reclamar las indemizaciones que le corresponden, el Estado debería facilitar que desde la cadena de restaurantes más poderosa hasta el bar de barrio más humilde, que todos puedan acceder a sus indemnizaciones de una forma rápida y sencilla. Porque cada vez que hay ayudas o procesos de este tipo surgen como champiñones las Asociaciones, Asesorías, Bufetes y otro tipo de intermediarios que se dedican a sangrar a los afectados cobrándoles comisiones y porcentajes sobre las ayudas o pagos a los que deberían acceder en su totalidad sin que ni un céntimo se les quede en el camino. No es lógico que siempre tenga que haber bandas de buitres que se lucran gracias a la desgracia ajena.

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